Medidas para mejorar la calidad democrática en un País

1.- Transparencia. Una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La transparencia, por otra parte, es la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción. Además de una ley de que permita el acceso de los ciudadanos a la información, debería crearse una Agencia Anticorrupción y protegerse al que denuncie un caso de corrupción, fraude, abuso o despilfarro.

2.- Rendición de cuentas. Este principio, que los anglosajones denominan accountability, obliga a los que gobiernan a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos. Pero además, permite a los ciudadanos exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que prevarican o malgastan el dinero de todos. La futura ley de transparencia debería imponer este principio en la actuación de toda la administración.

3.- Una justicia que funcione. Un país en el que un pleito puede tardar más de 10 años en dirimirse no inspira confianza. La tardanza en la resolución de los procedimientos incentiva a los que actúan de mala fe y convierte en ilusorios los derechos de las partes. Pero no se trata solo de una cuestión de eficiencia. Lamentablemente, la credibilidad de la justicia, altamente politizada, también está en juego. La situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de independencia del Fiscal General del Estado, son claros ejemplos del sometimiento de la justicia al poder político.

4.- Un código ético para cargos públicos. La normativa en materia de incompatibilidades y conflictos de interés de los cargos públicos y jueces debería ser clara y generar confianza. No es de recibo que un Ministro de Industria y Energía deje su cartera y a la semana siguiente esté sentado en el consejo de una compañía eléctrica cotizada.

5.- Reforma del sistema electoral. Deberíamos introducir de una vez por todas las listas abiertas (en las que el votante puede elegir entre los que figuran en la lista y determinar su orden de elección) e instaurar un sistema verdaderamente representativo y proporcional (donde los partidos más pequeños jugaran su papel frente al bipartidismo reinante).

6.- Gobierno abierto y participativo. La tecnología actual ya permite la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Y si no, que se lo pregunten a los islandeses, que acaban de aprobar una constitución debatida en Internet y redactada por el pueblo. Adicionalmente, las grandes cuestiones que afecten a la mayoría de los ciudadanos deberían someterse a referéndum. 

7.- Administración pública profesional. Los cargos de hasta Director General deberían nombrarse por un sistema de meritocracia, garantizando la calidad de la gestión pública. Se evitarían así los nombramientos y ceses partidistas, y se pondría coto al nepotismo imperante.

8.- Reforma de la ley de partidos. Los partidos políticos deberían ser mucho más transparentes en materia de financiación y empleo de los abundantes recursos que tienen asignados. Por otra parte, y de forma paradójica, la democracia interna en los partidos brilla por su ausencia. Los militantes deberían ser capaces de elegir a sus líderes mediante sistemas de primarias, evitando así las oligarquías en los partidos.

9.- Medios de comunicación independientes. Para asegurar la independencia de los medios de comunicación y reducir la manipulación informativa proponemos dos medidas. Por un lado, que se despolitice la concesión de licencias audiovisuales, de modo que el gobierno de turno no pueda conceder licencias a grupos afines y negárselas a otros. Por otro lado, que los cargos de los medios públicos sean independientes en lugar de estar designados por el poder político.

10.- Regulación de la actividad de lobby. Los grupos de presión a favor de determinados intereses deberían atenerse a unas reglas de conducta claras, acreditarse y hacer públicos sus objetivos y destinatarios de su actividad. Especialmente en nuestro país, en el que las relaciones entre grandes empresas y sector público son más que evidentes. Por no hablar de los estrechos vínculos entre entidades financieras y partidos políticos, financiadoras las primeras de los segundos.