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3. 07/11/2017 20:25

Proyecto prioriza a las pymes locales en compras y contrataciones

El objetivo de la propuesta es “priorizar por parte del Estado provincial y sectores privados prestadores, licenciatarios, concesionarios y permisionarios de obras y de servicios públicos, la compra de materiales, mercaderías y productos, y contratación de obras y servicios de origen provincial”, según rezan sus fundamentos.   Fue por eso que en el acto de hoy estuvieron –además del legislador justicialista– representantes de las numerosas organizaciones nucleadas en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), como Rubén Palau, Enrique Tarditti, Gabriel Bravo, Luis Contiglioni (de la Cámara de Fabricantes de Soda, Derivados y Afines) y Fernando Amín (de la Universidad Tecnológica Nacional), además de Gustavo Correa, secretario general en Mendoza de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).   Asimismo, a través de la Apyme, la iniciativa recibió las adhesiones expresas de representantes del sector metalmecánico, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Parque de Servicios Industriales Palmira (PASIP), la Regional Cuyo de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), la Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros (Camespe), el Banco Credicoop, la Cámara de Comercio de San Martín y la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos de Gas y Afines (CAPEC).   Además adhirieron al proyecto de ley el diputado nacional Guillermo Carmona, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado provincial Lucas Ilardo y la concejala electa de Luján de Cuyo Paloma Scalco. También habían manifestado su apoyo la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena) y la Asociación de Panaderos de Mendoza, entre otros sectores vinculados a las pymes mendocinas.   El senador Gustavo Arenas destacó en los fundamentos de su medida que el objetivo es neutralizar el estado de emergencia económico-financiera que desde hace casi dos años padecen las pymes debido a “una política económica que solo favorece a sectores concentrados locales y multinacionales” en detrimento de ese importante sector productivo local, cuyo impacto se dimensiona cabalmente al considerar que es el generador de la mayoría de los empleos en nuestro país y particularmente en Mendoza.   Este desalentador panorama es reflejado en un diagnóstico relevado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), ámbito que continúa denunciando el riesgo de desaparición de su actividad y que por eso ha requerido la intervención urgente de la Legislatura de Mendoza como interlocutora válida ante el avasallante avance de las perjudiciales medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en correlato con la Provincia.   En este sentido, como un requisito indispensable, la propuesta del legislador justicialista incluso prevé que las entidades beneficiadas con esta medida no podrán despedir ni suspender empleados sin justa causa ni reducir la jornada laboral.   Por su parte, Palau remarcó: “Esta ley ayudaría notablemente a nuestro sector frente a la baja que hay en un mercado interno que está totalmente deteriorado, dado que el Estado, ya sean reparticiones e intendencias y demás, es uno de los mayores compradores en el orden provincial. Levantaría las ventas, ya que el efecto Chile y los problemas impositivos, tributarios y financieros, entre otros, nos están deteriorando totalmente”.   Al brindar el marco en el que se da esta alarmante situación, el funcionario de la Apyme resaltó: “Este panorama se viene acrecentando desde una caída muy grande que tuvimos en el 2016. Y quiero aclarar que estos ‘brotes verdes’ en la economía de los que están diciendo que están saliendo son todos basados en estadísticas del 2016. En este sentido, hay un efecto rebote que se está dando a nivel nacional, pero comparado con el 2016, que fue el año de mayor crisis que hubo en los últimos 12 o 15 años para las ventas a nivel nacional”.   “En definitiva –se explayó–, se trata de brotes verdes que a las pymes no les van a llegar porque se están haciendo meras licitaciones públicas con la construcción y nada más. Esto es un maquillaje de la ciudad y de distintos lugares, pero nada de obras de infraestructura, como para decir que se está trabajando. Obviamente, las pymes vemos pasar de largo todo esto, ya que el mercado interno se ha deteriorado totalmente por la baja de un consumo que sigue cayendo notablemente”.   Contenidos del proyecto   El proyecto de ley presentado tiende a crear “el programa Primero el Trabajo Mendocino, por el cual la Administración Pública provincial, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas y descentralizadas; las empresas del Estado provincial y aquellas en la que este tenga participación accionaria mayoritaria, las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, deberán adquirir materiales, mercaderías y productos, y contratar obras y servicios de origen provincial”.   Aclara que esta modalidad debe ser seguida siempre y cuando “se configuren similares condiciones en cuanto a calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia” y que “los materiales, mercaderías y productos se considerarán de origen provincial cuando sean producidos u obtenidos en la provincia de Mendoza o cuando los costos de los componentes utilizados para su producción que no sean de origen provincial no superen el 20% de su valor de producción”.   Detalla, asimismo, que “se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los materiales, mercaderías y productos de origen provincial siempre y cuando la diferencia de precios cotizada no supere en un 5% a la más baja de los materiales, mercaderías y productos que no sean de origen provincial, de igual o similar calidad”.   “Cuando los oferentes sean micro o pequeñas empresas de la provincia de Mendoza –dicta–, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º siempre que la diferencia de precios cotizada no supere en un 15% a la más baja de los materiales, mercaderías y productos que no sean de origen provincial, de igual o similar calidad”.   En cuanto a las condiciones establecidas para que las pymes puedan acceder a este trato preferencial, el proyecto de ley establece que “los oferentes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado, debiendo cumplimentar los requisitos que determine la reglamentación y que les permitan acreditar fehacientemente su lugar de radicación y procedencia de los materiales, mercaderías y productos”.   La iniciativa del senador Gustavo Arenas también remarca que la misma norma en proyecto, una vez aprobada, “deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo”.   Prohibición de despidos y suspensiones   Incluso determina que los beneficios otorgados por la ley “serán acumulables a los establecidos en otros regímenes jurídicos” y que, para acceder a ellos, “los oferentes deberán abstenerse de efectuar despidos o suspensiones de sus trabajadores, sin justa causa, ni reducción de jornada laboral de los mismos, durante todo el período de vigencia de la ley”.   Al respecto, grafica que la norma “tendrá un plazo de vigencia de dos años a partir de su promulgación, prorrogable por igual período, de mantenerse o agravarse las causas que le dieron origen”. Posteriormente invita a los municipios a que adhieran a su aplicación y manda que el Poder Ejecutivo la reglamente “en el término de 60 días a partir de su promulgación”.   Fundamentos de la iniciativa   Entre los fundamentos del proyecto de ley, su autor resalta: “Durante los últimos años, periódicamente, la Federación Económica de Mendoza (FEM) ha publicado sucesivos informes que han evidenciado la continua y preocupante caída de las de las ventas en Mendoza, medición en la cual nuestra provincia supera al promedio nacional informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para todo el país”.   “Dentro de las causas –prosigue– se denunciaba la caída del poder adquisitivo de los consumidores, quienes se limitan a comprar lo estrictamente necesario, en razón de encontrarse sobreendeudados, y el importante aumento de los costos en la actividad (tarifas, sueldos, servicios y otros). Idéntico diagnóstico hacía la Fundación Observatorio Pyme (FOP) en sus informes trimestrales, denunciando la contracción del nivel de actividad de las pequeñas empresas”.   Alarmante diagnóstico negativo   El diagnóstico de emergencia productiva, laboral y social, fundamentalmente, de las micro y pequeñas empresas está basado en relevamientos de la realidad hechos por entidades involucradas en el sector y que sirven de base para establecer pautas –en este como en otros casos precedentes desde hace un tiempo– de supervivencia.   Por ejemplo, la Fundación Observatorio Pyme (FOP), en su informe del segundo trimestre de 2017 sobre la Coyuntura de las Pyme Industriales, indica que el rasgo más significativo durante ese período es la clara diferenciación en el comportamiento de las pymes industriales de acuerdo con su tamaño.   Así, señala que hay una recuperación en el caso de las medianas empresas (de 50 a 200 empleados) y una persistente caída en el grupo de las más pequeñas (de 10 a 49 trabajadores). Subraya que el nivel de ocupación industrial no mostró mejoras durante el segundo trimestre para ninguno de los tamaños industrial y de servicios informáticos, sino que mantuvo la misma tasa de crecimiento de los precios de las pymes de los últimos cuatro trimestres, con una evidente resistencia a la baja.   No hay recuperación, sino un “rebote”   Por su parte, mediante un documento publicado en el 13 de octubre, la Apyme planteó que las pymes se encuentran fuera del modelo y que, lejos de una genuina “recuperación”, las variables económicas muestran solo un fenómeno de “rebote” respecto de la fuerte caída de 2016.   Ese panorama –por cierto, también sombrío– reseña que la tasa de desempleo llega a los dos dígitos, que aumentó el trabajo precario (bajo la máscara del “emprendedorismo”), que disminuyó la capacidad adquisitiva del salario y que los sectores dependientes del mercado interno están en jaque por las importaciones indiscriminadas, lo cual se traduce en un persistente déficit de la balanza comercial, y que, como resultado, decenas de miles de pymes están amenazadas entre el alza de costos, con niveles tarifarios imposibles de afrontar, y constantes caídas en las ventas por el achicamiento de la demanda.   Con este preocupante diagnóstico, la Apyme advierte que la mejora de la competitividad debe pasar por una clara segmentación de políticas en un marco de emergencia sectorial, la protección de la industria y el fomento del mercado interno.   Sin embargo, los malos augurios no se quedan ahí. Es que la entidad manifestó asimismo, certeramente, que las reformas que de un modo u otro lleven a la “flexibilización” y la precarización laboral devienen en forma inevitable en una mayor caída de ingresos para la población y, por lo tanto, un mayor deterioro de las ventas en el mercado local, principal fuente de ingresos de las pymes.   Además denuncia que, de consolidarse el actual modelo económico, se ratificará un horizonte de altas tasas, bajas inversiones productivas, especulación financiera, fuga de divisas, déficit de la balanza comercial, crecimiento exponencial de deuda en dólares y nuevos ciclos de ajuste, como refleja en el Presupuesto 2018.   En su exhortación, la Apyme resalta que esas políticas han sido ineficaces para cumplir el objetivo declarado de “bajar la inflación” y que solo han servido, en cambio, a su objetivo principal: una gigantesca transferencia de ingresos desde las pymes y los trabajadores hacia los sectores concentrados, especulativos y multinacionales e la economía.   Legislación precedente   A su vez, en la legislación comparada hay múltiples antecedentes con disposiciones similares a la propuesta del senador Gustavo Arenas, como las leyes provinciales Nº12.105 de Santa Fe, Nº3.969 de San Juan y Nº9.331 de Córdoba, y la nacional Nº25.551 de Compre Trabajo Argentino.   Más proyectos de protección en tratamiento   Esta instancia se originó consecuencia de la instauración de un marco de políticas económicas sumamente perjudicial y que se torna cada vez más insostenible para las pymes desde hace un tiempo, en coincidencia con propuestas en la misma sintonía de recuperación productiva que antes ha presentado el senador Gustavo Arenas en la Legislatura.   Así, en los argumentos del proyecto de ley recuerda que en agosto de 2016 presentó un proyecto de ley destinado a declarar la emergencia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de Mendoza por un año, prorrogable por igual período si se mantienen las causas que lo originan (expediente Nº68.147).   También, que otro proyecto de ley suyo propone imponerles a todos los súper e hipermercados de la provincia la obligatoriedad de disponer espacios para la exhibición, el acceso y la comercialización de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas de Mendoza (expediente Nº67.483).   Una pieza legislativa del mismo tipo fue presentada por él en vista de regular la instalación, la ampliación, la modificación, el funcionamiento y el traslado de grandes superficies comerciales en Mendoza (expediente Nº67.643), mientras que simultáneamente generó y organizó un ámbito de debate en el Senado provincial para poder analizar el impacto negativo que tienen sobre el comercio local –y fundamentalmente sobre el empleo– las compras masivas que efectúa una mayoría de consumidores mendocinos en Chile (expediente Nº67.453).   Y, ante la grave situación por la que vienen atravesando los productores lácteos de Mendoza, este año presentó otro proyecto de ley dirigido a promover específicamente a ese sector tan postergado mediante el otorgamiento de preferencias en las compras de esos productos que realice el Estado provincial (expediente Nº69.076).   Referente contra los tarifazos   El legislador justicialista también ha sido un actor fundamental a la hora de proteger los derechos de los mendocinos con relación a los aumentos desmedidos de las tarifas de los servicios públicos, rol que asumió –por ejemplo– cuando en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional para tratar las subas en el gas defendió a las pymes y las entidades de bien público, y solicitó que Mendoza tenga una tarifa especial por sus características climáticas.   En esa ocasión, en setiembre de 2016 en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ciudad, llevó la postura consensuada tras haber mantenido encuentros con representantes de la multisectorial de gremios y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otras entidades sindicales; numerosas pymes, especialistas vinculados al tema climatológico, vecinalistas, legisladores provinciales y nacionales, concejales, y hasta representantes del Frente Renovador y del FIT.   Ese consenso abarcó incluso a autoridades de asociaciones de defensa de los consumidores, Apyme, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Mesa Provincial de Empresas Recuperadas de Mendoza, la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX), CAPEC y AIPA.   Así también, a otras entidades intermedias comunitarias y firmas particulares, además de especialistas en climatología, geografía y energía, representantes de talleres de GNC y cooperativas de trabajo, docentes universitarios e integrantes de la Asamblea Provincial por el Agua.   Previamente, en julio había citado en la Legislatura –mediante un proyecto de resolución aprobado por todos los bloques del Senado– a los actores involucrados en esa problemática para que brindaran sus aclaraciones dirigidas a terminar con la confusión generalizada que se desató, entre otros temas, con relación a las irracionales subas de hasta el 1.000% en las tarifas del gas. Entonces asistieron el entonces secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Sergio Marinelli, y la jueza federal en primera instancia Olga Pura Arrabal, quien ordenara frenar los incrementos.   Mendoza, martes 7 de noviembre de 2017   Prensa del senador Gustavo Arenas