Se consumó una nueva farsa electoral en Venezuela, que constituyó la respuesta de su gobierno a los reiterados llamados de la comunidad internacional, y en especial de los países de la región, a buscar mecanismos de acuerdo y consenso para superar la profunda crisis que se vive en aquel país hermano.  El Presidente de Venezuela, no contento con provocar la mayor migración de la historia americana en las últimas décadas, forzando al exilio a millones de personas; provocar una verdadera crisis humanitaria en las fronteras con Colombia y Brasil; no contener la epidemia de violencia que mata a más de 26.000 personas por año; generar una severa escasez de alimentos y medicamentos; forzar a una amplia franja de la población a alimentarse de la basura; aumentar drásticamente la pobreza y la indigencia; contraer el Producto Bruto Interno venezolano en un 16% en 2016, 14% en 2017 y 15% estimado para 2018; encarcelar ilegalmente a más de 100 dirigentes políticos sin causa o motivo alguno más allá de su condición de opositor; ahogar la libertad de prensa, de conciencia, de cátedra, entre otras; y lograr el peor colapso de un país en los últimos 50 años; se jactó de obtener un histórico triunfo en una elección marcada por la ilegalidad y el abstencionismo de una amplia mayoría de la ciudadanía. Con una abstención del 54%, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero estimadas por observadores internacionales en casi el 80% y graves denuncias de presiones, irregularidades y fraude denunciadas por la oposición en más de un 60% de los centros de votación, la jornada del domingo prorroga el sistema ilegítimo y antidemocrático que el régimen venezolano instauró previamente a la elección de la autodenominada Asamblea Constituyente, la que significó el quiebre definitivo de las instituciones democráticas de dicho país. La evidente necesidad del régimen por perpetuarse en el poder sin considerar los daños a la población, lo lleva a violar sistemáticamente las libertades y los derechos básicos de los venezolanos. La falta de conciencia y de humanismo del gobierno venezolano, nos reclama una respuesta más enérgica para condenar las avanzadas de la última dictadura sudamericana y una mayor coordinación de esfuerzos para proteger a los millones de migrantes y los damnificados dentro de la propia Venezuela. América del Sur tiene una extensa historia de solidaridad entre sus pueblos. Argentina fue testigo de la bondad del pueblo venezolano que hospedó a cientos de exiliados argentinos durante la última dictadura militar. Hoy, los gobiernos y los pueblos de la región deben retribuir este gesto y colaborar con aquellos que sufren la diáspora venezolana. Es por esto que condenamos un nuevo avance en contra de la libertad del pueblo de Venezuela y apoyamos el retiro de los embajadores en Caracas dispuesto por los gobiernos del Grupo de Lima. Desde el Parlamento del Mercosur, los Parlamentarios Argentinos abajo firmantes, haciendo honor a nuestra historia de lucha a favor de la democracia y los derechos humanos, y con el convencimiento que sólo con una región unida y democrática podremos asegurar el desarrollo de nuestros pueblos; impulsaremos en el recinto la condena regional a las fraudulentas elecciones del día domingo 20 de mayo y solicitaremos a los gobiernos de la región que asuman un compromiso firme para alivianar la crisis humanitaria que aqueja a los venezolanos en las fronteras de su país y la restitución de las instituciones democráticas. Aguirre, Norma - Assef, Alberto Emilio -  Benedetto, Humberto - Crabbe, Marcela Alejandra - Fidel, Gabriel Alejandro González Fernandez, María Teresa - Mercuri, Osvaldo José - Nostrala, Walter Norberto - Ovliero, Hermán Pedro Puig, Lilia - Ramundo, Daniel - Rodríguez Simon, Fabián - Storani, María Luisa - Vanossi, Jorge