La noticia fue tomada con preocupación en todo el país, y abre interrogante sobre su impacto sanitario, ya que hace un tiempo se habla que el país cayó en el porcentaje aconsejable de vacunación en la población. Para evitar cualquier efecto negativo, se presentó en el Congreso un proyecto para potenciar la obligatoriedad de las vacunas. Se trata de una iniciativa para declarar de “interés nacional” la actividad, y crear un plan público para logar los niveles ideales de inmunización. La iniciativa cuenta con aval de varias sociedades científicas, y se da en momentos donde hay alarma mundial por el avance de los grupos “anti vacunas”.  El proyecto del diputado nacional tucumano Pablo Yedlin modifica la vieja ley de vacunas, la 22.909, que se aprobó en la vuelta a la democracia. En la iniciativa se declara a la vacunación “como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, distribución, provisión de vacunas, como así también su producción y las medidas tendientes a fomentar la inmunización en la población y fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas”. Para esto, se propone implementar “una política pública de control de las enfermedades prevenibles por inmunizaciones y alcanzar coberturas ideales del 95 por ciento”. La iniciativa alcanza a niños y adultos, y basa su argumento en “prevalecer la salud pública por sobre el interés particular”.  “En la ley vigente ya estaba contemplada la obligatoriedad, pero antes la vacunación era vista como un tema de los chicos. Por eso, solo se exigía el certificado que verificara haberlas recibido al momento de ingreso al ciclo lectivo. Ahora, se agrega la exigencia del cumplimiento con el Calendario Nacional de Vacunación al momento de realizar exámenes médicos laborales o para la renovación del DNI o pasaporte”, indicó Yedlin según el portal Docsalud, quien además de ser diputado es médico y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN). La nueva norma “entiende a la vacunación como un bien social”, por lo que está sujeta a distintos principios como la gratuidad de las vacunas, su disponibilidad y acceso equitativo. Con lograr coberturas altas “también se protege a los que no se pueden vacunar por problemas de salud que se lo impidan o cuestiones logísticas, ya que se produce el llamado ‘efecto rebaño’ en el que los que no fueron inoculados no están expuestos”.  El diputado aseguró: “En el país, las coberturas de vacunación son buenas, pero no mejoraron con los años. Y si bien una porción de este estancamiento puede tener que ver con los movimientos antivacunas, éstos son más populares en Europa, por lo tanto, nuestro principal desafío es solucionar problemas de logística y de acceso”.  Por otra parte, incorpora la figura del Carnet Unificado de Vacunación (CUV), que deberá ser provisto por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación. Al respecto, la Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), quien trabajó junto a Yedlin en este proyecto aclaró que lo que se busca es “reunir la información del sector público y el privado, para obtener un carnet único y digitalizado”. En un futuro, se aspira a que con la información de los NOMIVAC (Registro Federal de Vacunación Nominalizado), se pueda acceder a todos los datos del carnet con el DNI o el número de CUIT en caso de perderlo. Antes de que el proyecto de ley sea discutido en diputados y senadores, primero debe obtener dictámenes tras ser discutidas por las comisiones de Acción Social y Salud Pública (prevista para el próximo martes), de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Por lo pronto, el texto ya tuvo el aval de las principales sociedades científicas.  La Argentina llegan en promedio 92 embarques anuales de inmunizaciones desde distintos países, pero el marco legal al que están sujetas las vacunas en la actualidad es el mismo que rige para la ropa o los aparatos de TV de plasma, aclara Vizzotti. Pagan los mismos impuestos y, si se tarda en sacarlas de la aduana, hay que pagar multas por almacenamiento y se corre el riesgo de que venzan. Por eso, esta nueva norma dispone la exención de impuestos para todas las vacunas que incluya el calendario nacional. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad de Medicina, la OPS, Unicef y la Fundación Huésped. Fuente: miradaprofesional.com 23/8/2018