Ese precio lo establece el gobierno nacional”, afirmó el presidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), José Álvarez, en el inicio de una conferencia de prensa realizada hoy en la sede de la institución.  Ante numerosos medios nacionales y regionales, televisivos, radiales, gráficos y agencias de noticias, el dirigente aclaró que “tenemos un alto grado de morosidad de nuestros asociados, y con los aumentos anunciados vamos a tener más. Si esto sucede se nos va a dificultar pagar la energía que compramos. Es una situación que nos perjudica”.  Acompañaron a Álvarez, el secretario de la federación, Guillermo Farabello, Ricardo Airasca, presidente de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de FACE y el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), Carlos Ciapponi.  El cooperativista neuquino, quien había manifestado públicamente la intención de la entidad de rechazar el último aumento tarifario, explicó que “el vecino de Neuquén que en marzo de 2016 pagaba 300 pesos por un consumo normal en su vivienda, hoy paga 5400 sin el aumento que se viene”. Aclaró que “CALF no tiene deudas” y sostuvo que “no está justificado, técnica, económica y socialmente el aumento que quieren aplicar. Para la cooperativa este aumento significa un incremento en nuestra factura de compra de energía de 50 millones de pesos”. Consultado acerca de la posición de la federación ante el planteo neuquino, Álvarez señaló que “somos solidarios con esa posición”.  Por su parte, Farabello, quien es presidente de la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, manifestó que en el actual contexto socioeconómico, “a las cooperativas se la ha sumado un problema: pasamos a financiar a los usuarios. Dinero que tendríamos que invertir en mejorar los servicios, los tenemos que aplicar a dar respuesta a la gente que no puede pagar su factura”.  Airasca, luego de aclarar que “es muy difícil tener una respuesta única en una federación con 240 cooperativas de 14 provincias distintas”, señaló que a lo explicado, “se agregan cuestiones como una resolución del INAES que dispone que no se pueden facturar otros servicios en las facturas”. Y añadió: “se pretende que se separen las facturas, cuando los asociados/usuarios decidieron en asamblea facturar unificado para ahorrar costos. Es impensable que el Estado pueda ejercer una tutela mejor que la que ejercen ellos mismos, los usuarios, que pueden decidir en una asamblea. Por eso digo que están tirando en la línea de flotación al cooperativismo que ha permitido que el interior argentino se desarrolle”.  Respondidas las numerosas consultas de la prensa, el presidente de FACE concluyó: “estamos en alerta, defendemos a nuestras cooperativas. Vemos que no nos miden con la misma vara, queremos que valoren el esfuerzo que hacemos en todo el país, porque los beneficios siempre son para las grandes empresas. Queremos que el gobierno vea esta situación”.