El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en el plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos de la provincia. Actualmente se prepara para implementar la cuarta etapa, que ofrecerá una solución integral a la problemática de las playas de secuestro. Esta fase está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que “el objetivo del plan integral de gestión de secuestros abarca el acarreo de los vehículos secuestrados, el depósito, la custodia en un lugar adecuado, así como la logística y el mantenimiento de esos inmuebles. También nos haremos cargo de los sistemas informáticos necesarios para llevar un orden en relación con los secuestros y sus flujos. Finalmente, gestionaremos la disposición final, que incluye el remate, la compactación o la entrega a un tercero que reivindique el bien o a quien debamos restituirlo por ley”. Además, el plan contempla la descontaminación de las playas cumpliendo con normativas ambientales y la reasignación de más de 100 agentes que actualmente custodian estos espacios a tareas de patrullaje y control. Rus subrayó que “es muy importante, ya que es una licitación en donde el Estado no pone un peso, no hay recurso estatal involucrado. Esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros”. La ministra enfatizó que “los policías son más de 100 efectivos que tenemos en las distintas playas custodiando bienes, en este caso, chatarra. Por eso digo que el personal policial debe estar destinado a custodiar personas y no chatarras. Esto es sumamente importante, ya que no solo se trata del personal policial sino del desorden que los secuestros generan en cualquier lugar, incluyendo comisarías y la vía pública”. El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos. Es decir, el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Esto no trae ningún costo al Estado y además queda un resto para el Estado de $219.681.000. Rus añadió que “el Estado no pone nada. Este sistema se autofinancia a través de la compactación de vehículos que no tienen un tercero que los reclame. Entonces, el privado que asuma esta gestión podrá cobrar por esa compactación”. A su vez, la funcionaria aclaró que “el Estado no va a gastar esos 13.000 millones. Ese es un valor proyectado en función de la licitación, que incluye los costos de todo el plan integral de gestión. Todo esto lo asume un privado que se financiará con el producto de la compactación y lo que paga el infractor por el acarreo y el depósito, que hoy también es un costo que asume el infractor.”   Etapas del plan La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la Playa de Secuestros San Agustín, donde se destruyeron 540 vehículos “móviles policiales” que habían sido dados de baja y estaban juntando chatarra, lo que genera contaminación y afecta el orden urbanístico. La segunda etapa avanza con la compactación de los 14.690 rodados judicializados que se encuentran en la Playa de Secuestro San Agustín. Estos autos y motos, enmarcados en la Acordada 31425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, han generado hasta el momento 2.300 toneladas de material ferroso. Se espera que esta fase, que abarca 28.000 vehículos, concluya en el primer trimestre de 2025. “Estamos trabajando para que en el primer trimestre del año que viene esto esté terminado, todo lo que tiene que ver con la Playa San Agustín”, afirmó la ministra, y destacó que “esta es solo una etapa dentro del plan integral”, La tercera etapa, que comenzó en julio de este año, se enfoca en la remoción de vehículos secuestrados que obstruían calles y áreas cercanas a comisarías en toda la provincia. Hasta ahora, hemos reordenado aproximadamente 659 rodados de 13 comisarías en Mendoza, liberando espacios públicos y mejorando la logística policial. Para ello, se ha implementado un plan de traslado a la playa de secuestro Marcelo Vignaud Ortiz, en San Martín. La ministra afirmó que la tercera etapa del plan integral tuvo que ver con un trabajo muy importante realizado por la dirección vial y la Policía de Mendoza. “Este esfuerzo se centró en erradicar de las comisarías numerosos secuestros que estaban allí desde hace mucho tiempo. Esto no solo complicaba la logística de la comisaría, sino que también afectaba a los vecinos y no era digno para el trabajo del personal que estaba en esas dependencias”, explicó Rus. Y añadió que “la presencia de estos vehículos perturba el orden público y la seguridad, ya que son vehículos que, al no estar bien custodiados, comienzan a vandalizarse”. “Hemos erradicado cerca de 659 vehículos de 13 comisarías, que estaban estacionados en distintos barrios y en la vía pública. Esto representa alrededor de 50 vehículos por comisaría en lugares importantes. En la Ciudad de Mendoza, como la 3ª, la 4ª, la 5ª; la del barrio Cano y la del barrio San Martín. También se han retirado vehículos de la Novena de Guaymallén, que es una comisaría muy importante del centro de Villanueva, así como de la 25 de San José; la 35 de Rodeo la Cruz; la 45 de Dorrego, que era una gestión muy solicitada por los vecinos, y la 49 de Maipú; además de la 7ª y la 27 de Godoy Cruz”, detalló Rus. El servicio incluye el transporte de los vehículos secuestrados a instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro, así como la gestión de autopartes, lo que asegura el tratamiento responsable de las piezas y residuos generados. La licitación para esta fase permitirá que el adjudicatario se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y depósito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario, y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos por la compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024. Finalmente, el plan contempla la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios. A su vez, se propone lo mismo respecto del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial sobre rodados y autopartes secuestradas. El contexto de la sanción de la Ley 9556 de bienes y autopartes demandará más lugares para secuestros en infracción a la ley. El sistema estará regulado por un marco de licitación pública, para asegurar la transparencia de todo el proceso.